El truco de los okupas para que no les puedan echar de los pisos de alquiler, según un abogado

El Ministerio del Interior ofrece estadísticas actualizadas sobre la criminalidad en España a través de su portal oficial. Entre los datos disponibles destacan los relacionados con las ocupaciones ilegales, desglosados por provincias y clasificados como allanamientos y usurpaciones de inmuebles. Estos datos provienen de la Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y locales, y se dividen en dos categorías principales: los «hechos conocidos», que engloban los casos registrados mediante denuncias o por intervención directa de las autoridades, y los «hechos esclarecidos», aquellos en los que se ha identificado al autor, hubo detención en el acto, confesión comprobada o se demostró que no existió infracción.

En 2023, en España se contabilizaron 15.289 casos de usurpación y allanamiento, con Barcelona (4.610) y Madrid (1.516) liderando la lista de provincias con más incidentes. En contraste, provincias como Soria y Palencia, con ocho casos cada una, así como Zaragoza (9), Ceuta (9) y Melilla (11), registraron las cifras más bajas. En cuanto a los casos resueltos, el total fue de 11.426, siendo Barcelona nuevamente la primera con 3.772 sucesos esclarecidos, seguida de Madrid con 1.212. Estas estadísticas reflejan tanto la magnitud del problema en grandes ciudades como la capacidad de las fuerzas de seguridad para abordar esta problemática.

El truco de los okupas para que no puedan desalojarles

@barredoabogados‼️TRUCO DE OKUPAS‼️ ⚠️Ya no les sirve⚠️ 🛑 Con la denuncia en la vía penal tenemos este problema, pero si vamos a la vía civil, la demanda se dirige con♬ sonido original – Barredo Abogados

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el proceso para desalojar a los okupas puede durar hasta 23,2 meses, lo que genera una gran frustración entre los propietarios y una creciente demanda de soluciones rápidas y efectivas para combatir este problema.

Los okupas recurren a trucos para permanecer en las viviendas el mayor tiempo posible. Un abogado del bufete Barredo Abogados compartió hace unos años uno de los métodos más utilizados por estos individuos. Explicó que, cuando se anuncia el desalojo por la vía penal, los okupas introducen a una tercera persona en la vivienda el día antes del lanzamiento.

De esta manera, cuando las autoridades llegan a ejecutar la orden, esta persona asegura desconocer la situación, lo que obliga a reiniciar el proceso judicial desde cero. Este truco permite a los okupas ganar al menos dos o tres meses adicionales en la vivienda y, en algunos casos, incluso ser absueltos de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, el abogado detalló una estrategia que les permitió evitar este obstáculo y recuperar la vivienda para los legítimos propietarios. En lugar de presentar una demanda contra personas concretas, el procedimiento se dirigió contra «ignoramos ocupantes» o «cualquiera que se encuentre en la vivienda», lo que hace irrelevante la identidad de los ocupantes en el momento del lanzamiento. Esta táctica permite que el desalojo proceda sin importar si los okupas intentan introducir a alguien nuevo en el último momento.

A raíz de esta publicación, algunos usuarios expusieron otros trucos que utilizan los okupas, como dejar llaves falsas en el juzgado para simular que han abandonado la vivienda, reiniciando así el proceso. Ante estos abusos, muchos reclaman que la legislación se agilice para proteger los derechos de los propietarios y garantizar que estos desalojos se lleven a cabo con mayor rapidez y eficacia.

El fenómeno de los inquiokupas

El fenómeno de la inquiokupación, una forma de ocupación ilegal que preocupa cada vez más a los propietarios en España, ha ganado protagonismo recientemente. A diferencia de los okupas tradicionales, los inquiokupas acceden a las viviendas mediante contratos de arrendamiento totalmente legales.

Sin embargo, al cabo de uno o dos meses, dejan de pagar el alquiler de forma intencionada. Esta práctica resulta difícil de distinguir de aquellos inquilinos que, por circunstancias económicas, no pueden afrontar los pagos, complicando aún más su gestión legal.

Existen señales de alerta que pueden ayudar a los propietarios a detectar posibles inquiokupas, como pagos iniciales de varias mensualidades sin acreditar el origen de los ingresos, inconsistencias en la documentación presentada, o la insistencia en mantener los suministros a nombre del propietario, una estrategia que les permite evitar asumir futuras deudas. Una vez se produce la inquiokupación, los propietarios enfrentan un largo y costoso proceso judicial.

Es esencial denunciar la situación rápidamente, ya que cualquier intento de negociación directa o entrada forzada a la vivienda puede conllevar consecuencias legales graves para el dueño. Además, los retrasos judiciales, sumados a recursos como la solicitud de justicia gratuita o la alegación de situación de vulnerabilidad, permiten a los inquiokupas prolongar su estancia durante meses o incluso años.

Este problema, que afecta principalmente a pequeños arrendadores, pone de manifiesto las dificultades legales y burocráticas existentes en España para proteger a los dueños de viviendas. Mientras los inquilinos morosos acumulan importantes deudas, los propietarios continúan afrontando gastos fijos, como IBI, seguros y cuotas de la comunidad, lo que agrava aún más su situación financiera.